¿Una salida a la crisis en la Universidad Michoacana?
Eduardo Nava Hernández
Morelia, Michoacán, 1 de mayo de 2026.- Tuvo el Primer Tribunal Federal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito que resolver en contra del recurso interpuesto por la rectoría de la universidad —que un juzgado le había resuelto favorablemente para llevar a profesores y estudiantes a presentarse en las instalaciones universitarias, como si la situación académica fuera de normalidad— para que, finalmente, la rectora Yarabí Ávila González aceptara sentarse a negociar. Con ello se desplomó lo que además sería quizás su último recurso para retrasar o evitar la negociación.
Tampoco lo hizo motu proprio, sino a instancias del gobierno estatal, que la presionó a negociar, no en ningún recinto universitario ni en las instancias de autoridad laboral, sino en el Palacio de Gobierno, en las oficinas del secretario de Gobierno Raúl Zepeda Villaseñor, con la presencia de éste y del asesor jurídico del gobernador Ramírez Bedolla, el licenciado Cesar Augusto Ocegueda Robledo.
Más que una mediación, tuvo que ser el equipo directo del gobierno estatal operando como presión para que, por fin, Ávila González se presentara a tratar el tema de la huelga frente al sindicato, por primera vez desde 2023 en que llegó a la rectoría. En las audiencias anteriores en los juzgados laborales la rectora nunca se presentó, y además envió a funcionarios sin capacidad resolutiva frente a la revisión contractual y las demás demandas sindicales.
La huelga estallada el 20 de abril en la Universidad Michoacana por su sindicato de empleados ha resultado, así, un movimiento atípico. No meramente un medio de presión de los trabajadores para negociar frente a la representación legal de la institución sus salarios y prestaciones, sino algo más complejo, un enfrentamiento exacerbado entre ambas partes con difícil pronóstico de resolución, sobre todo dada la cerrazón de la rectoría a tratar en concreto las violaciones reclamadas.
En vez de atender las demandas sindicales —principalmente el pago de adeudos que la universidad viene teniendo con sus trabajadores, en muchos casos desde 2018—buscó socavar la huelga con recursos de dudosa legalidad, como demandar ante juzgado que la huelga se realizara con “puertas abiertas”, una figura inexistente en la Ley Federal del Trabajo ni en ninguna norma aplicable a un conflicto laboral. La jugada tenía dos finalidades: debilitar la fuerza del movimiento huelguístico y usar a los estudiantes como medio de presión contra el sindicato. En ambos casos fracasó, e incluso se le revirtió.
Además de que la asistencia por parte de los alumnos en los dos días en que la universidad abrió sus puertas fue escasa, ha habido un gran número de expresiones de los estudiantes en apoyo a los trabajadores y sus demandas, que consideran legítimas.
El punto crítico es que la rectora simplemente se ha negado a pagar, o siquiera negociar los pagos que corresponden contractualmente a los trabajadores, porque dice, no alcanza el presupuesto y además “no está obligada” a reconocer adeudos anteriores a su gestión, que inició en 2023. Pero lo cierto es que tampoco ha pagado prestaciones desde ese año como jubilaciones, seguros de vida, pagos de marcha y otros. Y a su antecesor, Raúl Cárdenas Navarro, nadie la pide cuentas ni lo ha hecho responsable por lo que dejó de cubrir a trabajadores administrativos y académicos desde el mencionado 2018, ni por gastos no justificados como la producción de una imaginaria vacuna contra el Covid-19 que nunca llegó a existir.
El sindicato calcula que el adeudo a los trabajadores asciende a casi 300 millones de pesos, una cantidad similar a la que la Auditoría Superior de la Federación señaló con observaciones en el ejercicio fiscal 2024, particularmente en el tema de nóminas, que es de 280 millones. Y no debe olvidarse que, para el pago de las prestaciones de fin de año de 2025 la rectora Ávila González tuvo que solicitar recursos extraordinarios porque, otra vez, “no le alcanzaba”.
Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (quien, por cierto, puso a Ávila en la rectoría universitaria para removerla de la Secretaría de Educación en el Estado, cargo que ocupaba en su gabinete) ha resaltado que, desde una reforma constitucional de noviembre de 2024, se garantizó a la universidad el 4.5 por ciento del presupuesto del Estado, que para este 2026 representa más de cinco mil 267 millones,una cantidad considerablemente mayor que la que venía recibiendo en ejercicios anteriores. Entre 2021 (año en que llegó Ramírez Bedolla al gobierno) y 2026, el presupuesto a la universidad se ha incrementado en 60 por ciento. Por su parte, el secretario de Finanzas del Estado, Luis Navarro García, declaró desde los inicios de este año que la universidad no ha administrado bien los recursos.
Y tiene razón. Los universitarios han visto cómo, durante la presente gestión, la universidad ha “invertido” en comprar franquicias para dos equipos profesionales —masculino y femenil— de las ligas de Tercera División, ha hecho construir una alberca olímpica y un lago artificial, adquirió nuevas butacas “tipo FIFA” para el estadio universitario, y ha elevado gastos en difusión y comunicación (es decir, para promover su propia imagen), entre otras cosas. Mientras tanto, decenas de trabajadores están esperando su gratificación de antigüedad por jubilación, y beneficiarios de empleados fallecidos lo que les corresponde por seguros de vida y pago de marcha.
Pero el asunto no queda ahí. Hace unas semanas, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Baltazar Gaona García, emitió un exhorto a la universidad para que cumpla en un término de 15 días naturales con expedir el reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, que de acuerdo con los transitorios de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana expedida el 8 de marzo de 2025, debió elaborar en el Consejo Universitario en el plazo de 190 días naturales. No lo ha hecho, pese a que se aproximan ya los tiempos para iniciar el proceso de renovación en la rectoría de la universidad.
Lejos de atender al exhorto legislativo, la rectora Ávila ha intentado contraatacar con una ridícula cuanto inviable demanda de juicio político contra el diputado Gaona, con lo que no ha hecho más que empantanarse. No cumple la ley, pero quiere que otras leyes las apliquen a su favor. Como siempre, el argumento de la autonomía universitaria, que ella, y otros como ella, entienden como un patrimonio de la burocracia y no de toda la comunidad. Según eso, la autonomía es para que la administración universitaria no tenga que rendir cuentas ante ninguna instancia, salvo, acaso, en el aspecto financiero ante los órganos de auditoría federal y estatal.
Más aún. El miércoles 29 de abril el diputado Gaona recibió al Comité Legado Vindicación, formado por viudas y deudos de trabajadores fallecidos desde 2018, que no han recibido las prestaciones que les corresponden. Ahí, el legislador anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría del Estado, otra ante el Tribunal Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), y un exhorto para que la autoridad universitaria cumpla con sus obligaciones.
En todo ese contexto de escalamiento de los conflictos fue que se dio una difícil primera negociación en la Secretaría de Gobierno, en la que salieron a relucir actitudes como la del tesorero universitario Enrique Eduardo Román García, quien intentó justificar la retención de las cuotas sindicales (que son descontadas directamente a los trabajadores de su salario para su organización) y el cierre de las claves de acceso a los fondos de la Caja de Crédito porque el sindicato ha hecho “ataques” personales la rectora. La Tesorería de la institución empleada, así, como medio de coerción y venganza en favor de la temperamental representante formal de la universidad.
Como quiera que sea, es el inicio de una negociación en la que se deberán tratar sobre todo los adeudos que la rectora se ha negado a pagar, e incluso a reconocer. Ahí estará la parte más difícil: ¿qué pasó con el dinero que se dejó de pagar a los trabajadores durante varios años? ¿Dónde está? Ésa es la pregunta clave, que no sólo tiene que ver con la rectoría actual, sino con la de su antecesor, Raúl Cárdenas Navarro. Ahora veremos si hay disposición real a atender las justas demandas del sindicato y, en su caso, a responsabilizar a los funcionarios o ex funcionarios que han cometido el peculado de retener o desviar salarios y prestaciones, o si en aras de encubrimiento el conflicto continúa trabado.
Mención aparte merece la deplorable actitud del dirigente (es un decir) del sindicato de trabajadores académicos (SPUM), Ramiro Silva Orozco, entregado por completo a la voluntad de la rectora Yarabí Ávila y quien no sólo ha escatimado apoyo y solidaridad a la huelga de los administrativos sino ha avalado el esquirolaje haciendo llamados a los profesores a seguir impartiendo clases. Se viene a aunar esta actitud al haber impedido, el pasado 2 de marzo, el estallido de la huelga que ya había sido votada mayoritariamente por las bases sindicales.
Pero este punto habrá que tratarlo en otro momento.
Fotografía: Agencia de Comunicación Gráfica
