Clara Blanchar
Barcelona, España, 15 de enero de 2020, El País. – Barcelona tiene previsto declarar este miércoles la emergencia climática. Una declaración que con distintas fórmulas han hecho o han apoyado otras instituciones (el Congreso, parlamentos como la Eurocámara y otros muchos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid), pero que en este caso llega acompañada de un plan de medidas concretas para reducir la contaminación y las emisiones de efecto invernadero que se ha trabajado junto a 200 entidades cívicas y ecologistas durante los últimos seis meses.
Precisamente qué objetivo de reducción de gases de efecto invernadero se fijará es una de las incógnitas de la declaración que ultima el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Y es también la principal exigencia de los movimientos por el clima: en genérico, solicitan una reducción anual del 7,5% “como reclama la comunidad científica en el último informe de la ONU”, han señalado en un comunicado; y en concreto, que cada de medida prevista se cuantifique la reducción de emisiones, un calendario y presupuesto para materializarla.
Barcelona ya aprobó en 2018 un Plan Clima, que prevé una reducción de gases de efecto invernadero del 45% para 2030 respecto a las cifras registradas en 2005. Y en cierto modo la declaración será un programa de acción sobre ese documento, que ha recibido varios premios internacionales. La emergencia climática incluirá un amplio paquete de medidas: contemplará una drástica reducción de la movilidad en coche privado, incidirá sobre la generación de energía solar en edificios privados (sobre todo de uso industrial) y fomentar la rehabilitación energética de edificios de vivienda.
Pero también contempla medidas más quirúrgicas: pacificaciones de entornos escolares o calles de la ciudad, reducción del plástico de un solo uso, recogida de basura puerta a puerta en algunos barrios, crear la figura de un responsable de medioambiente en cada distrito, reducir la contaminación acústica, el consumo de carne en las escuelas, fomentar la alimentación de proximidad o crear refugios climáticos pensando en olas de calor.
Todo ello se suma a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que veta la circulación de coches contaminantes por Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y otros dos municipios.
La declaración, además, incluirá reclamaciones a infraestructuras que son contaminantes, pero sobre las que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias, como son el puerto y el aeropuerto. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau reclamó este martes a la Generalitat que comience a cobrar el impuesto a los grandes barcos que contempla la Ley del Cambio Climático. Y al aeropuerto le exige que revise su plan de crecimiento, porque el informe ambiental que lo acompaña es de 1999.
