Ciudad de México, 3 de febrero de 2016, México Ambiental.- El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, concedió ayer por la mañana la suspensión definitiva sin fianza al amparo 86/2016 que habían interpuesto ciudadanos y activistas ambientales mexicanos en contra de las obras en el Malecón Tajamar de Cancún. Todo esto se presenta en el contexto de los festejos del Día Internacional de los Humedales y frente a protestas de grupos ambientalistas en todo México contra el desarrollo de este proyecto inmobiliario que impulsa vigorosamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a constitucionalistas, el fallo judicial podría establecer jurisprudencia porque se hacen valer los derechos colectivos de los ciudadanos, un tema poco recurrido en México particularmente en materia de violación a derechos humanos en el ámbito ambiental, algo en el que países latinoamericanos como Chile lleva un avance significativo.
Y es que el juez hizo prevaler los intereses colectivos de los ciudadanos por encima de los intereses particulares de los inversionistas inmobiliarios lo que, al tiempo, reivindica los derechos fundamentales que se establecen en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana referidos a vivir en un ambiente sano.
Con la medida, se suspenden definitivamente el desmonte, relleno y obras relacionadas de construcción aunque siguen pendientes aún por resolverse dos amparos más, en los que supuestamente prevalecería el mismo criterio del Juzgado Segundo de Distrito lo que supondría la suspensión definitiva de este desarrollo inmobiliario impulsado por FONATUR con el apoyo y aval legal del gobierno de México –que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto del PRI- a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), supuestamente garante de la conservación de nuestro entorno ecológico y sus recursos.
En este marco, podría suspenderse también las operaciones de rescate de flora y fauna que realiza el FONATUR determinadas por la manifestación de impacto ambiental otorgada por la SEMARNAT y que tendría por límite el 8 de febrero.
Lo más importante de este resolutivo judicial es que ciertamente se avanza en el respeto a derechos humanos en colectivo pues de manera sensible el Juzgado Segundo de Distrito no fijó garantía alguna como sí lo hizo previamente el Juzgado Cuarto de Distrito, que había fijado una garantía de 22 millones de pesos a los 113 niños que presentaron un amparo de la justicia en su reclamo al respeto de su derecho a un medio ambiente sano.
En su momento el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún también resolvió improcedente el recurso de queja solicitado por el delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Luis Fernando Cervantes, en contra de la suspensión provisional que se le había concedido a un ciudadano mexicano relacionados con las operaciones de chapeo y desmonte de un bosque de manglar realizadas el 27 de enero en el sitio conocido como Malecón Tajamar.
Hasta el momento, de acuerdo a activistas ambientales de Quintana Roo, soy ya tres suspensiones provisionales otorgadas por sendos juzgados de distrito de Cancún que amplían la suspensión de los trabajos de desmonte y relleno de manglar en ese importante enclave natural.
La lucha de los habitantes de Quintana Roo y de activistas ambientales sigue para detener la destrucción de este manglar caribeño.
