Ciudad de México, México, 7 de agosto de 2019, México Ambiental.- México se ubica entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y a América Latina como la región con una mayor problemática al respecto, ya que, de los diez países con mayor criminalización, cinco corresponden a América Latina, indica Global Witness en su reporte 2019 sobre la criminalización de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente titulado «¿Enemigos del estado?».
La sólida tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la Latinoamérica, una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en la región, pues esto se traduce en muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos de la criminalización sin que existan políticas y mecanismos gubernamentales efectivos para prevenirla o enfrentarla.
En el reporte 2018 México ocupó el cuarto lugar global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y del medio ambiente con 15 asesinatos y en el reporte 2019 se ubica en el sexto lugar con 14 víctimas.
En conferencia de prensa el pasado 31 de julio, representantes de diversos organismos de la sociedad civil, señalaron que de México, hay que destacar que más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades locales bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios[1], de manera que los derechos colectivos son amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a la autonomía y al territorio.
En el reporte se destaca que globalmente los sectores con los que se relacionaron los casos de criminalización son en ese orden: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal.
En México, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca en primer lugar con 4 víctimas, seguido por Puebla con tres víctimas y Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y luego Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso cada uno.
Para los organismos de la sociedad civil, un rasgo elemental es que 11 de las 14 personas defensoras de los territorios y medio ambiente asesinadas en 2018 están asociados a la defensa de territorios y derechos indígenas, por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen.
Las actividades a las que se asocian más casos de criminalización son la minería, la actividad forestal y los proyectos sobre agua y represas, es decir los intereses asociados a la minería, a la tala clandestina, al despojo de derechos sobre los bosques y los proyectos de hidroeléctricas fueron los más letales.
Desde la sociedad civil organizada, los representantes, llamaron la atención al gobierno federal, al Congreso de la Unión para:
- Acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que contribuiría a que como región en América Latina se implemente una política integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos.
- Con la participación de la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT, el INPI, legisladores y organizaciones de la sociedad civil diseñar políticas y mecanismos para prevenir y enfrentar la criminalización a personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
- Reconocer por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la importante labor de las defensoras y los defensores ambientales.
- Detener los mensajes que desde el gobierno descalifican y estigmatizan la labor de las y los defensores ambientales y periodistas por constituir una de las etapas de criminalización que se caracterizan en el informe.
- Atender por parte de todos los órdenes de gobierno la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.
- Considerando que la mayor parte de los asesinatos documentados en el reporte están asociados a la defensa de los territorios indígenas es fundamental que desde el gobierno federal se den ejemplos del respeto pleno a los derechos en materia de consentimiento libre previo e informado, derecho a la autonomía y al territorio.
- Los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Guerrero deben operar para hacer justicia en el caso de los asesinatos documentados en el informe 2019 de Global Witness y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
[1] Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México, Morett-Sánchez J. Carlos y Cosío-Ruíz Celsa, Universidad Autónoma Chapingo, 2017
