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Carretera Toluca-Naucalpan, del Grupo Higa, entre el despojo y la violencia

Carretera Toluca-Naucalpan, del Grupo Higa, entre el despojo y la violencia

Érika Ramírez

Fuente: Contralínea

Ciudad de México, México, 18 de diciembre de 2019, Contra Línea. – La presencia de una notificadora del Quinto Juzgado de Distrito –de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí de Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó que hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria del Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de un amparo promovido para detener la obra… “No hay paso, es propiedad privada”, le gritaron.

La tensión crecía entre los comuneros otomíes que la acompañan. Ella trataba de calmar los ánimos mientras se aproximaba a los trabajadores de la obra. Ocultos en pasamontañas y sudadera con capucha, caminaban envalentonados con las manos en los bolsillos.

“Vengo de un Juzgado de Distrito donde hay un juicio de amparo, vengo a hacer una inspección. Únicamente voy a tomar algunas fotos para que se constate en el expediente…”, alcanzaba a explicar en voz alta la notificadora.

Uno de los hombres, que no se identificó, le respondía: “la situación, señorita, es que usted no puede pasar porque es propiedad privada…” Otro le decía: “de la institución donde viene no puede pasar, es una obra privada”.

El video, del que tiene copia Contralínea, ahora consta como evidencia de la problemática que hay en esta comunidad indígena, a la que no se le preguntó de manera previa sobre si admitían o no la obra, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT [OIT] sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 6 cita que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

La autopista privada Toluca-Naucalpan es desarrollada por una de las constructoras favoritas del expresidente y exgoberador mexiquense Enrique Peña Nieto: Autovan-Teya. Dicha constructora es filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú.

Grupo Higa fue la misma compañía que financió la construcción de la casa blanca, expropiedad de la exesposa de Peña, Angélica Rivera. El grupo también fue señalado de ser el constructor de la casa en Malinalco, Estado de México, del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En el caso de la carretera, dicho proyecto ha generado división y violencia en la comunidad, desde más de una década de años; sin que haya autoridad alguna que pueda poner un alto a la construcción que tiene como objetivo principal conectar al Estado de México con una de las zonas de mayor plusvalía en la capital del país: Santa Fe.

No obstante, el temor que genera el grupo de poder detrás de esta obra, comuneros indígenas –acompañados por organizaciones de la sociedad civil–se mantienen en resistencia en defensa de su territorio.

El conflicto ha merecido la Recomendación 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese mismo año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó la instrumentación “urgente” de medidas cautelares para los habitantes de la población, amedrentada y en resistencia por la defensa de su bosque.

Además, el reclamo de los comuneros ha llegado al Poder Legislativo y promovido diversos puntos de acuerdo, en distintos periodos. En tanto, la constructora continúa con su trazo en uno de los tramos perteneciente al bosque otomí, considerado como un Santuario de Agua.


Fuente: Contralínea

Secuelas de la defensa ambiental

Tras 12 años de resistencia, el tejido social ha quedado descompuesto, pero las partes saben que tienen un propósito común: la defensa de una de las áreas naturales del país.

Jaime Vargas González, integrante del Concejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, es uno de los pobladores que han padecido las “consecuencias” por la defensa de su territorio; su activismo, dice en entrevista, provocó el despido de su fuente de trabajo, como médico pediatra en el Sistema de Salud Pública del Estado de México.

Vargas González comenta que desde la llegada de Peña Nieto al frente del Ejecutivo estatal, en 2005, el gobierno puso “sus ojos en nuestras tierras, en esta riqueza que simboliza un santuario del agua”. Relata que ese mismo año comenzaron a planear el proyecto y en diciembre de 2007 a realizar estudios de topografía y mecánica de suelo, sin autorización del pueblo.

“Nosotros decimos que hemos sido presa de todas las fases o métodos que utiliza el gobierno para poder infiltrarse en una comunidad y saquear las tierras, las pertenencias de las comunidades indígenas; la primera fase, la compra de las autoridades…Ellos decían que no y después nos enteramos que sí les habían girado oficios donde les avisaban que iban a hacer estudios de topografía y mecánica de suelo”, expone.

El médico pediatra indica que, con estas acciones, la gente de la comunidad se molestó porque trazaron una brecha y “derribaron muchos árboles sin permiso de nadie, nadie sabía nada. El 25 de febrero de 2008, la gente se molesta, les exige a los delegados tener una información y se hace la asamblea general en donde ya se encuentra personal de la constructora, personal de la Secretaría de Gobernación e informan que viene este proyecto carretero”. Es a partir de entonces que los pobladores han recurrido a todas las instancias locales, nacionales e internacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa

En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por diversos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. Ese año, organizaciones de la sociedad civil expusieron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un compendio de más de 68 fichas que evidenciaban problemas de derechos humanos con empresas en los que se describen los abusos por parte de las empresas y el Estado; así como “la falta de acceso a remediación para las víctimas”.

En la ficha correspondiente indica que la autopista afecta comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo otomí de la región entre la Ciudad de México y Toluca.

En el presente caso únicamente nos referiremos a las personas afectadas en San Francisco Xochicuautla. De acuerdo con el censo de localidades indígenas realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, realizado en 2010 en San Francisco Xochicuautla había 3 mil 613 personas, de las cuales 1 mil 338 de ellas son indígenas. Estos datos no son adecuados, por un lado, porque el criterio de pertenencia que utilizan es el idioma, lo cual no es acorde con el criterio de autoadscripción; por otro lado, han pasado 6 años desde la realización del censo.

Las recomendaciones

Para Estéfani González Zavala vivir en su comunidad se ha convertido en una tensión y amenaza constante. La presencia de hombres encapuchados y ajenos a su localidad, dice, ha despertado la inseguridad entre los habitantes. Además, ha presenciado diversos momentos en que los confrontamientos, entre trabajadores de la obra y pobladores, ha generado miedo y acoso contra ella y su familia.

En uno de los pasajes, en donde pretendían documentar la situación en la zona, relata: “llegó un grupo como de 15 o 20 golpeadores en una camioneta. Luego, luego, llegaron a agredir, incluso al maquinista, nos sorprendió porque lo bajaron, lo golpearon y lo echaron en una camioneta… ya no supimos de él ni del otro muchacho que iba resguardando, ya no supimos de ellos”.

En la relatoría que comprende la recomendación 56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre de 2014, los trabajadores de la Empresa 2, acompañados y resguardados por policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso correspondiente, por lo que habitantes de la comunidad indígena de Xochicuautla y la Concepción solicitaron detener tales trabajos, exhibiendo para ello copia de la sentencia definitiva de 15 de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”.

También, documenta que el 15 de julio y 11 de agosto de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México la adopción y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, para que “gire sus instrucciones a quien corresponda para que en los trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca-Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa concesionaria en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos humanos que los representan”.

El documento está dirigido a los entonces secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras el conflicto escalaba en la localidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigía la instrumentación de medidas cautelares para los habitantes de este municipio mexiquense.

La CIDH, a través del documento…, estimó que el “requisito de gravedad” se encuentra cumplido, “en vista de las supuestas amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de la comunidad Otomí- Mexica de San Francisco Xochicuautla. Especialmente, “la información aportada sugiere que la situación de riesgo se está presentando como una retaliación, debido a su oposición a la construcción de un proyecto vial en parte del territorio indígena. Del conjunto de situaciones intimidantes alegadas, se reportaron presuntos actos de violencia y amenazas perpetradas por parte de autoridades estatales y particulares contra los miembros de la comunidad”.

Citlalli Hernández, responsable de la línea de conflictividad por tierra y territorio en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) comenta que en 2016 hubo un incidente muy fuerte cuando la carretera intentó avanzar, pues “ya había varios amparos que la comunidad indígena había presentado a nombre del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla. Los amparos protegían los sitios ceremoniales y los sitios sagrados, particularmente. Con ese amparo, la empresa violó la ley en ese momento”.

La defensora de derechos humanos comenta: “nosotros tuvimos una participación de acompañamiento en el proceso de diálogo que estableció la comunidad con gobierno del estado, el gobierno federal y con la participación de la empresa para buscar la construcción de una propuesta que respetara el derecho de la comunidad a su identidad, a su territorio y que les permitiera fortalecer sus condiciones como comunidad indígena”.

En esta, como en la mayoría de las comunidades indígenas del país, la pobreza es la principal condición social que se acentúa en este municipio. Datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social indican que su índice de marginación es medio, con una población de 3 mil 613 habitantes.


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