Ciudad de México, México, 17 de enero de 2020 , Expansión.- Durante 2019, la política ambiental en México fue sólo un telón de fondo en el avance de las políticas estratégicas de la llamada cuarta transformación: desproteger áreas de conservación con megaproyectos hechos al vapor (Tren Maya y Corredor Transístmico), deforestar 300 hectáreas de manglar como paso para una refinería (Dos Bocas), omitir las normas de contaminación del diésel para facilitar la competitividad de Pemex, trastocar la evolución de las energías renovables alterando las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CELs) a la medida de las plantas de CFE.
Pero también en los temas que normalmente no señalan sus críticos entusiastas del desarrollo: la ambigüedad en la cancelación de transgénicos, mientras que los transgenes siguen contaminando variedades nativas de plantas estratégicas como maíz, algodón y frijol. La esquizofrénica adjudicación de presupuesto de Pemex para fuentes no convencionales de energía, que contrasta con la retórica antifracking de López Obrador, en un año en el que Gran Bretaña detuvo esta técnica privilegiando el principio de precaución.
Digamos que la retórica triunfalista de la campaña de AMLO se ha estrellado contra una realidad configurada por los mismos intereses que han llevado al mundo a socavar los complejos sistemas naturales y a ponernos, por primera vez en la historia de la humanidad, bajo una amenaza civilizatoria global. Al igual que cualquiera de las administraciones previas, las instituciones del medio ambiente de este gobierno (Semarnat, Profepa, INEEC, Conanp, Conabio, Conafor) han estado supeditadas a las de economía, hacienda, energía, agricultura u obras y transportes, y casi cualquier otra.
No obstante, la gravedad de esto, se trata del status quo no sólo de México, sino del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento económico bajo la administración Trump (casi 2% del PIB) no podría entenderse sin el ambiente de permisividad fomentado por la desregulación de industrias contaminantes (la generación de electricidad con carbón, por ejemplo) o el desmantelamiento de instituciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Incluso en naciones con una reputación ambientalista como Alemania, durante buena parte de la era Merkel se ha aumentado el uso de carbón de la peor calidad (lignito) en busca de disminuir la dependencia energética del gas ruso. Es decir, los intereses soberanistas y geopolíticos siempre por encima de las necesidades ambientales.
La diferencia en 2019 es que tanto los científicos como la sociedad civil, reflejada en los millones de jóvenes de todo el mundo que salieron a marchar por su futuro, han dejado claro que ya no hablamos de necesidades, sino de emergencias ambientales. Hemos alcanzado una masa crítica.
El costo político se ha elevado dramáticamente y hoy hasta un proyecto de infraestructura (un tren, por ejemplo), que anteriormente hubiera justificado la total destrucción de territorios y pueblos en nombre del progreso, debe ahora aprobar exámenes ambientales minuciosos no sólo en los términos de la ley, sino también de la aprobación social que le dará o no legitimidad.
