Ciudad de México, DF, México, 15 de octubre de 2015, México Ambiental.- En México, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, poco más de 28 por ciento de la población vive en estado de inseguridad alimentaria, donde 10.5 por ciento se encuentran en etapa severa. Esto sin mencionar la alta tasa de sobrepeso y obesidad a consecuencia de la alimentación desequilibrada y el sedentarismo.
En los últimos 25 años, han bajado las cifras de desnutrición en el país, sin embargo, en el sector rural se sigue presentando esta condición; siendo que uno de cada tres niños indígenas viven en desnutrición crónica. Un claro ejemplo es Guerrero, donde 42.6 por ciento de sus habitantes carece de acceso a la alimentación, de acuerdo con datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este 16 de octubre con el lema “Protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural”, María del Rocío Fernández Suárez, encargada del Programa Universitario de Alimentos, distinguió dos tipos de protección social en función de su impacto y el tiempo en el que se perciben los resultados. “Por un lado, tenemos la de efecto a corto plazo, que se traduce en una variedad de programas que ofrecen ayuda financiera o en especie a personas pobres y vulnerables para mejorar sus ingresos. Ejemplo de ello es Prospera (antes Oportunidades), iniciativa con mayor cobertura en materia de seguridad alimentaria, y la Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Sin embargo, estas iniciativas no tienen una cobertura de cien por ciento. Sólo llegan a cuatro de cada 10 mexicanos, en promedio. Por esto, Fernández Suárez planteó la necesidad de crear programas a largo plazo que contribuyan a la protección del campo y de los pequeños productores o campesinos.
Subsidios
Actualmente, gran parte de los subsidios a la actividad agrícola se destina a los grandes productores, de los cuales, una proporción grande de sus cuyos cultivos, son de exportación, mientras que los campesinos reciben un mínimo porcentaje de los apoyos gubernamentales.
En este sentido, la especialista concluyó “Con el bajo subsidio y sin tecnificación hacen la proeza de obtener 40 por ciento de los alimentos básicos que se consumen en la nación; por ello, la protección social tendría que pensarse en razón de proporcionarles mayor apoyo pues, además, basan su producción en sistemas sustentables de agricultura familiar, de menor impacto ambiental. De hecho, los expertos calculan que de no modificarse el paradigma actual de elaboración de alimentos en México, con el incremento de la población, estimado en 29 por ciento para 2050, las cifras de desnutrición infantil aumentarán 20 por ciento”
