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Reino Unido, 20 de octubre de 2015, Selba.-Dada la severidad y urgencia de los problemas asociados con los niveles crecientes de las emisiones de gases de tipo invernadero, no es de extrañar que los principales esfuerzos para reformar la economía global se hayan centrado en reducir el nivel de estas emisiones en la atmósfera. El problema no sólo es económico, sino también biofísico, pues las actividades de la economía global están en estrecha conexión con la quema de combustibles fósiles.
Poner precio a las emisiones de carbono se puede considerar como una manera de internalizar el coste ecológico asociado con tales emisiones. Hasta la fecha se han propuesto diferentes modelos para conseguir estos objetivos.
El modelo preferente en las agendas de las negociaciones internacionales formales es el conocido como ‘cap and trade’ (sistema de cupo y comercio), que consiste en poner un tope a las emisiones junto con un mercado para su compraventa. Según este modelo cada país tiene un tope máximo de emisiones permitidas, que se distribuye entre empresas y organizaciones según criterios de la agencia nacional. La distribución se hace mediante compra o asignación directa por parte de la autoridad competente. Aquellas organizaciones que emitan menos que lo que les corresponde pueden vender su parte a quienes necesitan más. La idea es incentivar a las empresas para que aumenten la innovación y el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones y mayor eficiencia energética. Este sistema se ha introducido a nivel regional en varios lugares del mundo en la última década. El caso más destacado es el de la Unión Europea con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EETS – European Emissions Trading Scheme).
Tanto el concepto como la experiencia hasta el presente del sistema de cupo y comercio han sido criticados por varias razones. En primer lugar, en la fase inicial del EETS, los cupos de emisión no estaban tan ajustados como para suponer una reducción significativa de las emisiones. De hecho, la adjudicación total de los cupos de derechos de emisiones resultó ser mayor que las emisiones reales. En segundo lugar, muchos de los permisos de emisión fueron regalados y no vendidos, lo que supuso unos ingresos inesperados para las empresas que pudieron venderlos. En tercer lugar las crisis económicas, como la que estamos viviendo en la actualidad, hacen bajar la demanda de combustibles fósiles y, como consecuencia también del precio del carbono. A mediados del 2009 el precio de CO2 había caído desde un modesto pico de 40€ por tonelada hasta los 13€. El hecho de que los inversores no puedan predecir los precios futuros de la energía reduce considerablemente el interés de las empresas en la innovación y el uso de tecnologías basadas en energías renovables. Por último, se han señalado dudas muy serias sobre la ética y práctica del comercio de carbono y su funcionamiento. Es el caso de algunas grandes empresas que pagan por realizar ciertas actividades en los países más pobres del mundo, con lo que no cuentan tales emisiones en su balance final, cuando podrían reducir sus emisiones directas en los países en los que están establecidas (1). También se han contabilizado algunos casos de corrupción y mala atribución de cupos que han permitido que algunas grandes empresas hayan podido recibir créditos sin una reducción real o mínima de sus emisiones (2).
Dada la ineficiencia del modelo de cupos y comercio se han propuesto modelos alternativos para resolver sus problemas. Uno de ellos se conoce como modelo de cupo y participación (cap and share). Entre las diferentes variantes de este modelo destacan Contracción y Convergencia, Kioto 2 y el modelo desarrollado por la fundación irlandesa Feasta. Estos modelos consisten básicamente en un cupo de emisiones que se reduce cada año, siguiendo el consejo de la comunidad científica, a niveles compatibles con la evitación del cambio climático.
Los generadores de energía fósil, es decir las empresas de carbón, gas y petróleo, competirían en una subasta anual para comprar permisos de emisión con los que poder explotar sus reservas de combustibles fósiles. Independientemente del tamaño de las reservas, sólo podrían extraer el combustible indicado por los permisos obtenidos. Como el cupo se reduciría cada año, el precio del carbón aumentaría, lo que conllevaría un igual aumento de los bienes y servicios dependientes de combustibles fósiles en su producción o distribución.
Algunos modelos proponen que los ingresos generados por la subasta se distribuyan igualmente entre todos los ciudadanos del mundo, de manera que puedan afrontar el aumento en los costes de bienes y servicios (Feasta, C&C). Otros sugieren que sería mejor invertirlos en hacer más ecológicas las infraestructuras e instituciones globales, por ejemplo creando infraestructuras para África basadas en las energías renovables, formando a los agricultores en agricultura ecológica, incentivando a los constructores para hacer edificios energéticamente más eficientes, etc. (Kioto 2). Esta última idea es similar al concepto del Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) que se comenta más adelante en este módulo.
