Ciudad de México, México, 2 de octubre de 2017, México Ambiental.- Para realizar la disposición y manejo adecuado de los escombros generados por los sismos en varios estados del país, el gobierno mexicano firmó un acuerdo con los gobiernos locales en el que se establecen las bases de colaboración para emprender esta tarea y evitar impactos a la salud de la población y al medio ambiente.
En este acuerdo intervienen, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y por la parte estatal las secretarías de Medio Ambiente del Estado de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
El fundamento está en el documento “Criterios para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo del 19 de septiembre para los estados de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México”, elaborado por la SEMARNAT a través de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.
De acuerdo con los criterios establecidos, los escombros no podrán depositarse en barrancas, áreas naturales protegidas (ANP), humedales ni en zonas de inundación con el fin de evitar la obstrucción del flujo del agua y posibles deslaves o erosión. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se encargará exclusivamente de supervisar los sitios de competencia federal como las Áreas Naturales Protegidas, para garantizar que ahí no se confinen estos residuos.
¿Qué hacer con los escombros tras un sismo?
Los residuos de construcción y demolición generados en este tipo de desastres tienen una relevante importancia debido a los volúmenes generados y a que con frecuencia, sobrepasan las capacidades de manejo y depósito existentes. Ante la importancia de establecer una estrategia de manejo, la SEMARNAT elaboró una estrategia para evitar impactos ambientales y en la salud de la población y firmó convenios con estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Esto es lo que hay que hacer:
- Los sitios de confinamiento deben estar en un rango no mayor a 20 km del centro de la zona de desastre.
- No se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.
- Elegir sitios fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años.
- Ubicar confinamientos a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.
- Reciclar y/o reutilizar los materiales pétreos en obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, de rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.
- Si quieres saber más del tema, consulta los criterios para manejo de residuos de construcción y demolición generados por sismos.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, señaló que la dependencia a su cargo apoya a los gobiernos estatales en la definición de los sitios de disposición y en las alternativas de reciclaje de los escombros.
A diferencia de lo ocurrido en el sismo de 1985, ahora se cuenta con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que establece que los residuos de construcción y demolición son catalogados como de manejo especial y que su adecuado manejo es responsabilidad de las entidades federativas.
Exhortó a los gobiernos locales a aprovechar estos residuos principalmente para la reconstrucción de banquetas y caminos en las zonas afectadas.
En el acto el pasado viernes, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Enrique González Tiburcio, explicó que dentro del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) se cuenta con Apoyos Parciales Inmediatos, recursos que, explicó, se deben solicitar de inmediato y la SEDATU se encargará, de acuerdo con el protocolo, de la limpieza y demolición.
Durante la firma del convenio, los representantes de los gobiernos locales dieron a conocer el número de sitios destinados a escombros que cada entidad ya tiene autorizados. Morelos reportó nueve, Puebla 15 y el Estado de México 30, de los cuales 21 serán utilizados también por la Ciudad de México.
