Ciudad de México, México, 4 de junio de 2021, México Ambiental.- La sequía es un problema público por su característica de ser un fenómeno del ciclo hidrosocial, pero tiene poco impacto en la agenda nacional y, por lo tanto, en el diseño e implementación de políticas públicas, aseguró la doctora Abigail Martínez Mendoza, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el II Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la UAM (RedAgUAM) La Sequía en México, consideró que se habla mucho al respecto, pero el grueso de la población no está recibiendo la información y cuando se pide a los gobiernos que legislen e implementen estrategias o acciones no son voces con eco.
La académica del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma alertó que la condición seca repercute en 85 por ciento del país y la Ciudad de México vive la peor en 30 años; Jalisco es la entidad federativa con más municipios con algún tipo de sequía (125) seguido de Michoacán (113); 531 municipios a nivel nacional la registran de manera extraordinaria y 594 la presentan severa.
Actualmente existe un paradigma llamado ciclo hidrosocial, en el que no sólo está el proceso natural del agua de evaporación, condensación, precipitación y filtración, sino que además se observa la acción de los humanos que perjudican cada una de estas etapas y provocan tensiones y conflictos en materia hídrica.
“Si bien dependemos de las lluvias también se necesita de la buena gestión del líquido que logramos captar, ya sea en las presas, los lagos, las lagunas e incluso, en las zonas subterráneas y debemos empezar a hablar de gobernanza”, expresó.
En la mesa 3 titulada Derechos humanos, género y pueblos originarios, la doctora Lidia Blásquez Martínez, docente del Departamento de Procesos Sociales también de la UAM, explicó cómo cuando se destruye la naturaleza, las fuentes de sobrevivencia de las mujeres de las zonas rurales se ven afectadas y en riesgo.
Al presentar la ponencia Sequía, desertificación y mujeres: una mirada ecofeminista a la desigualdad socioambiental, aseveró que este sector de la población junto con niñas y niños proporcionan casi todo el recurso para los hogares rurales.
Y agregó: “Ellas saben dónde están las fuentes locales del bien, además de conocer su calidad y potabilidad; recogen, almacenan y supervisan su uso, la reciclan para regar el traspatio y abrevan a los animales con la de lluvia”.
Dijo que es preciso pensar la sequía a nivel de las políticas públicas ambientales, con base en su integración y complementariedad con otros problemas del sector que también son complejos y están interconectados.
“Resulta imperativo pensar en conservar y extender los bosques, las selvas y la vegetación y mantener un ciclo adecuado de lluvia, especular qué sucede con el agua que utilizamos y con el aumento de la temperatura en el planeta por el cambio climático y repasar cómo las políticas públicas deben proponer soluciones innovadoras que incluso impliquen, en un momento dado, el cambio del sistema económico”.
La licenciada Maira Olivo Paz, coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, expuso que uno de los asuntos más reclamados por el movimiento indígena mexicano ha sido el reconocimiento de su derecho a su espacio, manejo, conservación y aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales.
“En nuestro país habitan 68 pueblos nativos en cuyos territorios se encuentran la mayor parte de la biodiversidad nacional, 49 por ciento de las cuencas más importantes están en zonas autóctonas en las cuales se han otorgado 77,619 concesiones de aguas nacionales y 19,503 de zonas federales sin su consentimiento”.
Olivo Paz manifestó la necesidad de hacer una armonización legislativa en donde todos estos derechos que ya están plasmados y reconocidos en el ámbito internacional efectivamente puedan ser viables y ejercidos por los pueblos y las comunidades oriundas y que las políticas públicas que se implementen tengan este objetivo.
“Hay un desprecio por los saberes de las poblaciones originarias y esto es algo que se observa desde el diseño de las políticas públicas en las que las voces de los pueblos no se ven reflejadas en todos los espacios de toma de decisiones, no hay representatividad, no se dan a conocer las medidas que se están adoptando por parte del Estado, pero además tampoco existe intercambio de saberes”.
La doctora Norma Ramírez Alpírez, profesora de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, destacó que la responsabilidad del Estado Mexicano es garantizar el acceso al agua, lo cual significa crear el procedimiento que permita llegar a dicho cumplimiento.
La investigadora abordó lo complejo que resulta el garantizar un derecho humano en una república federada como México debido a que se requieren cambios en el sistema judicial, en las legislaciones en los tres niveles de gobierno: federal, entidades federativas y municipios, y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La tercera mesa del II Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la UAM (RedAgUAM) La Sequía en México fue moderada por el doctor Carlos Vargas Cabrera, integrante del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. Las actividades del Foro continuarán este jueves 3 de junio con la participación de expertos de esta casa de estudios.
