Ciudad de México, México, 5 de octubre de 2019, México Ambiental. – Generalmente se cree que la minería es sinónimo de progreso y desarrollo, pero se debe tomar en cuenta sus implicaciones negativas, pues es una actividad incomparable con la sustentabilidad ambiental y soberanía hídrica del país, así lo aseguró Sol Pérez Jiménez, maestra y candidata a doctora en Geografía Ambiental por la UNAM.
En diversas comunidades se reportan fuertes impactos negativos por la minería, a pesar de ello, el marco regulatorio, incluso de derechos humanos, no está a la par de la problemática.
La minería causa tala excesiva de vegetación, perdida de la biodiversidad y perturbación del entorno, que causan deterioro en el ambiente; sin embargo, en términos sociales, se persigue y criminaliza a defensores ambientales, se provoca el desplazamiento forzoso de comunidades y aumenta la desigualdad y violencia.
En México hay un aumento constante en los proyectos mineros. En la última década se ha incrementado el número de conflictos relacionados con este sector.
Datos de la Secretaría de Economía en 2010, estaban registrados 677 proyectos, y para 2017 ya eran más de mil 500, lo que implica mayor presión para los recursos naturales.
“Antes de continuar por ese camino, se debería tomar en cuenta que México atraviesa por la mayor crisis ambiental de su historia. Debemos cuidar los recursos y la soberanía hídrica del país, pues en menos de una década 130 acuíferos pasaron a tener déficit”, alertó.
Al respecto, Beatriz Olivera, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, detalló que desde 2015 el aporte que hace la minería a las finanzas públicas de México es de menos del uno por ciento; en 2018 contribuyó con 0.56 por ciento de los ingresos que recaudó el Estado.
“Se dice que esta actividad es palanca de desarrollo nacional, pero las industrias extractivas generan 0.66 por ciento del empleo asegurado del país; en 2016 fueron sólo 120 mil puestos, y buena parte de ellos operan bajo outsourcing”.
En los centros productores de oro, casi 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y al 55 por ciento no le alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria; en los centros productores de plata este último porcentaje se eleva a 65 por ciento. En tanto, a la exploración y explotación de minerales corresponde sólo 0.9 del producto interno bruto.
La minería implica mucha riqueza para los poderosos, pero pobreza, explotación, desigualdad y ecocidio para las comunidades. Afecta radicalmente las economías locales y regionales; las grandes corporaciones se convierten en auténticos gobiernos en esos territorios, y los gobernadores en sus lacayos. Ante ese panorama, el marco legal institucionaliza el despojo y los conflictos.
