Ciudad de México, México, 12 de agosto de 2019, México Ambiental.- La construcción de la paz en México es posible con la aplicación de una justicia transicional para la regulación del uso y el consumo de la mariguana, y con la valoración de las consecuencias negativas de una política prohibicionista que delineó la estrategia del combate al crimen organizado, declaró Nora Robledo Frías en la mesa sobre la despenalización del psicotrópico, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Alcaldía Iztapalapa.
El viernes, en su ponencia Justicia transicional y políticas de drogas: interacción pendiente, comentó que es conveniente que el país aborde ya la discusión sobre el consumo lúdico y el uso medicinal de la cannabis, “pues el prohibicionismo potencia la violación de los derechos humanos, que se refleja en que haya más de 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y 300 mil desplazados por el crimen organizado”.
La consultora en derechos humanos explicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas la justicia transicional es una variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de la sociedad por resolver los problemas que se han derivado de un pasado de abusos graves y a gran escala, con el propósito de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se haga justicia y al mismo tiempo se erija una reconciliación.
Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un debate de la justicia transicional, pero muy atropellado, “con poca claridad al mezclar grupos y conceptos”. Pero al menos abrió la puerta para preparar ese debate; ahora es preciso plantear la reparación de daños de manera integral, no solamente como medida de resarcimiento, también se debe incluir el derecho a saber la verdad y garantizar la no repetición de este tipo de actos.
Margarita Sandra Garfias, integrante de la organización Mamá Cultiva, expuso que después de más de dos décadas de lucha la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico y recreativo de la cannabis, aunque los permisos otorgados sólo permiten el cultivo, procesamiento y consumo para uso personal sin fines de comerciales.
Sobre el empleo de la cannabis medicinal, Garfias refirió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el reglamento para operar los artículos 198 de la Ley General de Salud que señala que la siembra de esa planta no será punible cuando se lleve a cabo con fines médicos y científicos, de acuerdo con los términos que fije el Ejecutivo Federal, y el 235 bis de la misma ley, que establece que la Secretaria de Salud deberá diseñar y ejecutar el uso público del psicotrópico.
