Ciudad de México, DF, México, 19 de noviembre de 2015, México Ambiental.- Según informes emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) encontró pruebas de irregularidades de exfuncionarios de esta Procuraduría en el caso Dragon Mart; por lo que la instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública (SFP), inició el procedimiento correspondiente contra los sujetos.
El pasado mes de febrero del año en curso, la PROFEPA presentó una denuncia por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos aperturados a la persona moral Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V.
Una vez analizadas las diligencias de investigación por el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, se informó que se encontraron elementos que prueban la existencia de irregularidades administrativas por parte de los exfuncionarios Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares. Con esto, se procedió a turnar al área de Responsabilidades del OIC la denuncia referida para dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente exhorta así a los titulares del Gobierno del estado de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, para no desistir en la acción de la aplicación de la ley y hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a nivel estatal y federal a dicho proyecto.
La PROFEPA solicitó al OIC investigar y suspender temporalmente a servidores y ex servidores públicos de su Delegación Federal en el estado de Quintana Roo, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Asimismo, con la finalidad de constatar su legalidad y deslindar atribuciones, pidió al Gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Benito Juárez, de esa entidad, revisar todas las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial “Dragon Mart Cancún”.
Lo anterior, luego de que la PROFEPA promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, ya que resultaban cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento acotaba que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal, ya que fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
Las comunicaciones dirigidas al gobernador Roberto Borge Angulo y el edil Paul Michel Carrillo, solicitan que ambas autoridades inicien los procedimientos administrativos correspondientes para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al proyecto.
Esta petición se basa en el marco del Artículo 73 de la Constitución Mexicana, en relación con los numerales 5º y 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como al principio de respeto a la autonomía del Gobierno del estado de Quintana Roo, y a lo previsto por el Artículo 45 fracción V, inciso b) del Reglamento Interior de la SEMARNAT que establece la facultad de esta autoridad para solicitar la colaboración a otras dependencias federales o municipales.
Lo anterior, con base en que todo servidor público está obligado a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, con el fin de salvaguardar los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
