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Clausuran aserraderos clandestinos durante operativo

Toluca, Estado de México, a 5 de octubre de 2018, México Ambiental. – Durante un operativo forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró tres aserraderos clandestinos y desmanteló uno de ellos en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México; y se aseguraron 12 máquinas de aserrío.

La PFOFEPA en coordinación con la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); LA Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad del Estado (SSEM); y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), atendieron a la denuncia de tala ilegal y verificaron los hechos ocurridos.

Realizaron 9 visitas de inspección a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT), así como la instalación de 4 filtros o centros de revisión; 3 volantas; y sobrevuelo con RPAS.

Se aseguraron 2 vehículos con producto forestal y 01 máquina de aserrío; 11 herramientas menores; 283 piezas de madera de Pino y Oyamel motoaserrada (13.999 m3); 201 piezas de madera aserrada de Oyamel (1.606 m3); 91 piezas de madera en rollo de Pino (Pinus sp), Oyamel (Abies religiosa) y Cedro blanco (Cupressus sp) (17.307 m3).

Cabe señalar que en el Operativo participaron 667 elementos: 13 de PROFEPA; 20 de la FGJEM; 400 de la SSEM; 63 de PROBOSQUE; y 171 elementos de la SEDENA.

Dado que al momento de las inspecciones no se contó con la documentación de autorizaciones requeridas ni se acreditó la legal procedencia de la madera y herramientas utilizadas para su transformación, la PROFEPA aseguró tres aserraderos clandestinos y desmanteló uno más, de acuerdo a lo que establece el Artículo 170 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Lo anterior de acuerdo los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), donde los responsables pueden alcanzar multas hasta de 30 mil veces la unidad de medida y actualización, además de las sanciones penales que resulten.

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