Doctora Lilia Rodríguez Tapia, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco. Foto: UAM Azcapotzalco
Ciudad de México, México, 25 de abril de 2017, México Ambiental.- Aunque su precio puede ser hasta 235 veces más por litro que la del servicio público –lo que representa un negocio bastante lucrativo para las compañías privadas- la desconfianza de los capitalinos sobre la calidad del agua que suministra el sistema de la Ciudad de México (Sacmex) ha provocado la preferencia por el producto embotellado.
Por este fenómeno de desconfianza, los habitantes de la capital de México optan por comprarla envasada, tratarla por ebullición y cloración e incluso instalar filtros, como estrategia domésticas para reducir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por la toma de este líquido que llega a los grifos pero que es de dudosa condición y calidad.
La doctora Lilia Rodríguez Tapia, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco –apoyada con el trabajo de los doctores Daniel A. Revollo Fernández y Jorge A. Morales Novelo, docentes de esa sede universitaria– realizaron un estudio donde identificaron que 87 por ciento de los capitalinos estarían en posibilidad de erogar el equivalente a 8.7 por ciento del pago bimestral del servicio y 0.3 por ciento del ingreso familiar mensual,, lo que en términos de efectivo sería pagar hasta 55 pesos bimestrales más por un suministro regular de agua potable que no afectara la salud.
Los especialistas en economía del agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reportaron que el Sacmex cubre 98 por ciento del abasto público en la urbe, lo que significa que casi 48,000 hogares no están conectados a la red y obtienen el líquido por pipas o tandeo, aun cuando la provisión de agua entubada es de las más altas del país.
La investigación detectó que entre las mayores deficiencias en el servicio están la discontinuidad en el suministro, la insuficiencia en la cantidad y la desconfianza respecto de la calidad.
Rodríguez Tapia explicó que la disponibilidad de los ciudadanos a pagar más por un bien básico obedece al alto costo del fluido embotellado y la baja credibilidad de la población en el organismo responsable de proveerlo, mientras que unas 2,140 pequeñas y micro empresas lo obtienen del organismo público para venderlo en botellas y garrafones y dos compañías grandes lo extraen de pozos.
La oferta anual del recurso envasado registra niveles de producción que rebasan los volúmenes “que la teoría define como punto de equilibrio” industrial, un excedente generado por los enormes beneficios obtenidos.
Esta sobreoferta es el valor por metro cúbico en el mercado: entre 350 y 370 pesos, no obstante que las embotelladoras compran a entre 20 y 24 pesos el metro cúbico, dependiendo si proviene de la red pública o de pozo.
Este es un costo promedio porque la subterránea asciende a unos 19 pesos por metro cúbico y el de las pequeñas empresas está relacionado con la tarifa que aplica el organismo operador, un diferencial que hace “muy atractivo el negocio”.
La académica reveló que las ganancias extraordinarias y el incremento sin control de la oferta alientan a las corporaciones a continuar la sobreexplotación de los acuíferos y a aumentar la extracción del bien hídrico del sistema público para revenderlo, mientras resulta sorprendente la conducta de los consumidores para satisfacer sus requerimientos de agua bebible de calidad, ya que su disposición a pagar a Sacmex alcanza los 672.7 millones de pesos al año, pero sus gastos efectivos en agua embotellada suman 7,410 millones de pesos en el mismo periodo, lo que revela la credibilidad en el sector privado.
Pero esta aparente solución repercute en forma negativa en los grupos de ingresos medios y bajos, que destinan un porcentaje significativo de los mismos para cubrir esa necesidad básica, sacrificando otras.
La jefa del área de Crecimiento económico y medio ambiente de la UAM Azcapotzalco comentó que los resultados de la investigación sugieren que la política hídrica del gobierno debe ser revisada para superar las restricciones en una función establecida por la ley: el abastecimiento de agua de calidad a la población y, a esta falla se suma una regulación ineficiente en materia de tarifas y derechos aplicada a las embotelladoras, lo que se refleja en precios tan bajos de venta de bienes hídricos escasos, que luego son revendidos más caros en relación con su costo.
Y es que la política de tarifas y derechos no considera que el vital líquido vendido al sector es un insumo productivo que busca una ganancia y, por lo tanto, debe ser tratado en forma distinta a un consumo final, por lo que es prioritario reflexionar sobre las condiciones de extracción concedidas por la Comisión Nacional del Agua en acuíferos que registran sobreexplotación extrema.
Al respecto, el doctor en economía y recursos naturales Daniel A. Revollo Fernández consideró que la disponibilidad de los usuarios para pagar cada mes cerca de 55 pesos por una mejora en el fluido impacta de manera distinta a las familias, si se considera que a medida que un grupo tiene mayor ingreso económico estará dispuesto a pagar más, pero aquellas de escasos medios son las que están convencidas de desembolsar por un bien óptimo.
Precisó que los sectores con percepciones bimestrales menores a 9,000 pesos están en condiciones de costear hasta 50 pesos por mejoras en la calidad, mientras que los que registran más de 18,000 pesos pagarían hasta 65 pesos.
El miembro de las cátedras Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco dijo que la relación entre estos montos revela que los hogares de menores ingresos podrían dedicar un porcentaje mayor respecto de los de recursos más altos: 0.47 por ciento y 0.15 por ciento, en cada caso, “un resultado atractivo que muestra que son las personas pobres las más interesadas en que Sacmex suministre agua de calidad, ya que son quienes compran la mayor cantidad de botellas o garrafones”, sea porque tienen menos acceso a la provisión del fluido o porque lo reciben sucio.
