Esther Sánchez
Madrid/ Murcia, 26 de diciembre de 2019, El País. – Las medidas legislativas para salvar el Mar Menor se siguen acumulando. El Gobierno de Murcia —PP apoyado por Ciudadanos— ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha reconocido en rueda de prensa esta mañana que “con este decreto solo no se recuperará el Mar Menor”, porque solo regula los usos. Ha echado balones fuera y ha recordado al Gobierno de España que “si no hace los deberes será muy difícil [la regeneración]. Son necesarias ya las medidas del plan de vertido cero”.
El decreto, que incluye un régimen sancionador y de control con multas de hasta 500.000 euros, según Luengo, debe obtener todavía el visto bueno del Parlamento regional, algo que parece tener garantizado dado que Vox ha anunciado que lo apoyará debido a que “han incluido en él todas sus reivindicaciones y modificaciones”, además de las de los agricultores. Según Luengo, la sociedad “nos ha mandado un mensaje claro, recuperar la laguna, y es nuestra tarea. No hay políticas ni intereses partidistas en este camino, y nadie entenderá los vetos a una ley tan necesaria como ésta”, ha indicado.
La región cuenta en la actualidad con la ley de Protección del Mar Menor de Medidas Urgentes, aprobada en febrero de 2018, además de contar también con un plan de gestión integral, entre otras normativas. Los conservacionistas de ANSE, un grupo muy activo desde hace años en las denuncias sobre el estado de la laguna, aseguran que “el decreto está hecho deprisa para salir del paso y no aporta nada nuevo”.
El documento divide el ámbito afectado en dos zonas (la I, más cercana al mar, y la II). Dentro de las medidas estrella, se amplía a 500 metros la prohibición del uso de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, que ahora está en 100 metros, y la aplicación directa de purines (procedentes de la ganadería). También limitan en la zona I la cantidad de cultivos anuales en función del tamaño de la raíz y del manejo y se prohíben las transformaciones de secano a regadío.
Con estas medidas, se pretende atajar el gran problema de la laguna, que tiene su origen principal en el vertido durante décadas de aguas con nitratos procedentes de los fertilizantes agrícolas. Los datos oficiales estiman que en el acuífero que descarga en la laguna se han acumulado 300.000 toneladas de nitratos. Los vertidos de aguas residuales urbanas también han contribuido. Como consecuencia, se ha perdido un 85% de las praderas marinas del Mar Menor y todavía se recuerda con horror en la zona la muerte masiva de peces que tuvo lugar el pasado mes de octubre.
El decreto fija un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos hasta que no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, para lo que se fija un plazo de cinco años. Hay excepciones: se podrá edificar si se trata de la ampliación natural de cascos urbanos consolidados. Ese nuevo plan recogerá la adaptación de los usos agrícolas, el establecimiento de un corredor ecológico alrededor del Mar Menor como filtro natural, mejorar la calidad urbana de las áreas construidas y regular la densidad urbanística.
En cuanto a los usos recreativos en la laguna, se prohíbe la construcción de nuevos puertos deportivos, una medida ya recogida en el plan de gestión integral, y las embarcaciones de dos tiempos de carburación, las de alta velocidad o las que alcancen niveles sonoros excesivos. Los barcos que superen los ocho metros de eslora deberán contar con depósito de aguas negras y grises, y las que tengan motor, emplear aceites biodegradables.
“Sobre el Mar Menor convergen una pluralidad de usos que hay que ordenar y solo si se armonizan de manera sostenible se recuperará”, ha dicho el consejero. Luengo ha explicado que lo que se pretende es “ordenar y controlar, de una forma más exhaustiva, la actividad que rodea el Mar Menor y recuperar su estado”.
El PSOE de Murcia no está dispuesto a apoyar el decreto. El lunes presentó una batería de medidas urgentes para mejorar el borrador, entre las que se encontraba el que no se pudieran usar fertilizantes en un área de 1.500 metros desde la línea de la costa, frente a los 500 que establece el proyecto. Al mismo tiempo, señalaban que la ordenación territorial debía afectar a toda la cuenca y que se llevara a cabo en tres años, no en cinco.
