Ciudad de México, México, 13 de febrero de 2018, México Ambiental.- Miembros de la familia Abarca Montejo y organizaciones de México y Canadá entregaron una denuncia administrativa al comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC o PSIC, por sus siglas en inglés) donde exigen una investigación sobre las acciones y las omisiones de la embajada canadiense en México, porque aumentó el peligro que corría el activista ambiental Mariano Abarca, en su lucha ante los impactos de las operaciones de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, informó en conferencia de prensa José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca quien fue asesinado el 27 de noviembre del 2009.
Conferencia de prensa ayer en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), acompañado por Libertad Díaz Vera (Otros Mundos, AC), Miguel Ángel Mijangos Leal (Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA) y Jen Moore (Mining Watch Canada), José Luis Abarca afirmó que es la primera vez que se exhorta al comisionado para que investigue las faltas de la embajada canadiense con relación al cumplimiento de sus políticas relacionadas con el cuidado y respeto de los derechos humanos.
El también representante de la Fundación Ambientalista Mariano Abarca, relató que en desde el año 2008, su padre inició una lucha junto con otros activistas de Chicomuselo, Chiapas, para evitar que la empresa minera Blackfire contaminara el agua y la tierra por la explotación de barita.
Esa lucha, dijo, se desarrolló bajo amenazas y ataques a su padre y familia, como una golpiza propinada por trabajadores de la empresa. En agosto de 2009, Mariano Abarca fue detenido durante ocho días por acusaciones falsas, interpuestas por un representante de la empresa Blackfire, y más tarde fue asesinado el 27 de noviembre del 2009.
Durante todo el tiempo que Blackfire operó en Chicomuselo, la embajada de Canadá en México tuvo conocimiento significativo del descontento de la población local con la empresa e información sobre Mariano Abarca y los riesgos que enfrentaba, comentó su hijo. De hecho el propio activista estuvo en la embajada canadiense para denunciar el acoso de la minera, pero no fue escuchado hasta que finalmente lo mataron.
La denuncia presentada expone que la embajada de Canadá en nuestro país, en su afán de promover y proteger los intereses de la empresa, se auto limitó en sus políticas de respeto a derechos humanos y responsabilidad social que la embajada debió atender. “Con esta denuncia pretendemos se abra una investigación sobre la actuación de la diplomacia canadiense en México, ya que la información obtenida muestra acciones de forma injerencista, sobredimensionada y abandonando el papel principal de protección de los derechos humanos, de tal manera que, de actuar de otra manera, pudo haber alertado que los gobiernos estatales y locales previeran como proteger la vida de mi padre”, dijo José Luis Abarca.
De hecho, cuestionó el papel de la diplomacia canadiense frente a los delitos generados por las empresas mineras, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. Por ello, consideró que el gobierno de Canadá “… debe crear una alerta acerca del patrón de actuación de los principales promotores de la minería canadiense en México y en América Latina”.
El líder ambientalista que continúa con la labor de su padre Mariano, señaló que durante su estancia en Canadá estuvieron en Ottawa, Montreal y Toronto para entregar la denuncia administrativa ante el CIAPC y evidenciar el acto frente a otras instancias gubernamentales, legisladores, medios de comunicación y representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
El comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá podría tomar hasta 90 días para decidir si abre o no una investigación.
Esta denuncia complementa varias acciones realizadas en México por la familia Abarca Montejo, como la denuncia al Estado mexicano por la violación al derecho a la vida de Mariano Abarca interpuesta ante la Comisión Interamericana a los Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2017 y la exigencia para que la Fiscalía del Estado de Chiapas investigue de manera seria para responsabilizar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.
El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa, finalizó José Luis Abarca Motejo.
La denuncia ante el comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá fue firmada por la familia Abarca; la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA); Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México; el Centro de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
