De 882 sentencias condenatorias en 2013, a 929 en 2014, lo que representa un aumento del 5%
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Madrid, España, 8 de septiembre de 2015, El País.- Las condenas por delitos contra el medio ambiente aumentaron un 5,3% en 2014 con respecto al año anterior. La Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada este martes, destaca en el capítulo dedicado al medio ambiente y el urbanismo que se dictaron 929 sentencias condenatorias frente a las 882 de 2013.
De ellas, 49 lo fueron por delitos contra el medio ambiente. El resto por ordenación del territorio y urbanismo (465), contra el patrimonio histórico (12), por delitos contra la flora y fauna (171), por incendio forestal (170) y por malos tratos a animales domésticos (62). Los datos de 2013 muestran menos condenas por delitos contra el medio ambiente (38), contra la flora y fauna (145) y por incendios forestales (117). Solo han bajado los delitos por ordenación del territorio (501 en 2013).
Desde la creación de la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2006, crecen las condenas en esta materia. En 2010, por ejemplo, el organismo que coordina Antonio Vercher constató la existencia de 687 sentencias condenatorias en medio ambiente, urbanismo y delitos contra el patrimonio, lo que supuso un aumento del 12% respecto a 2009.
“Las condenas urbanísticas siguen siendo las más numerosas, aunque decaen como resultado del descenso de la actividad del ladrillo”, opina Francisco Segura, de Ecologistas en Acción, que precisa que hay un desfase –“bien largo en nuestro país”– entre los delitos y las condenas. “Seguramente influye en el aumento de las condenas por delitos contra la fauna y flora una mayor concienciación de la sociedad y por ende de los jueces”, añade. “Avanza lento esta cultura ambiental, pero avanza”.
Con los años, también aumenta ligeramente el número de fiscales que se dedican a esta materia. En 2009 eran 126. En 2012 pasaron a 139. Según la memoria presentada este martes en 2014 la plantilla se ha mantenido con respecto al año anterior en 153.
La memoria destaca algunas actuaciones relevantes, como las querellas por pozos ilegales en dos fincas cercanas a Doñana, construcciones ilegales en Villamediana de Iregua (La Rioja), la exportación ilícita de residuos y el deterioro de la situación de algunos vertederos.
La fiscalía denuncia “un apreciable deterioro de la situación en cuanto a vertederos y áreas recreativas con nivel alto de incendio forestal, puesto que a nivel global se han visto incrementadas este tipo de actividades respecto a la campaña anterior, con un aumento de un 24,4 % en vertederos y de un 11,4 % en áreas recreativas”.
