Ciudad de México, DF, México, 19 de agosto de 2015, La Jornada.- Este día se celebrará en la Segunda Sala Regional Oriente del Tribunal Fiscal de la Federación una diligencia en el juicio que el ornitólogo Martín Camacho Morales emprendió en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la injusta multa de 168 mil pesos que le impuso, pretextando que el hombre que cuidó durante más de 23 años a los pájaros del desaparecido Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana no acreditó la legal procedencia de algunos animales.
Sobra decir que lo que sucede a Camacho Morales es a todas luces una injusticia, pues durante el tiempo que estuvo al frente del domo nunca recibió apoyo gubernamental, y sí abrió sus puertas sin reparo cuando particulares y hasta instancias gubernamentales como la dependencia que hoy lo quiere sancionar le llevaban aves u otro tipo de fauna para que la curara y custodiara.
Resulta todavía más indignante que la Profepa centre sus esfuerzos en una persona –que tiene probidad y es respaldada por decenas de organizaciones y ambientalistas dentro y fuera de México– cuando en el territorio poblano se cometen casi a diario cientos de agresiones contra el medio ambiente, mientras la institución duerme el sueño de los justos.
Es así que queda más que expuesto el escarmiento que se le quiere dar al pajarero, gracias a un contubernio claro entre la autoridad federal y estatal; esta última, por cierto, artífice del desalojo de las aves de un recinto en el que estaban bien y del que fueron expulsadas para no darle, medio año después de los hechos, ningún uso.
