Ciudad de México, México, 17 de mayo de 2017, México Ambiental.- Treinta y seis periodistas asesinados en lo que va de su sexenio –dos en Sinaloa y Jalisco apenas hace dos días, el 15 de mayo-, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lideró hoy la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la que se anunciaron distintas acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores.
Con un discurso desgastado, de palabrería al infinito y sin realidades concretas para un horizonte de corto plazo, Peña Nieto insistió en el “compromiso del Estado mexicano para reforzar su capacidad institucional y asegurar el libre ejercicio de la labor periodística en el país”.
Y volvió a lo mismo aunque con palabras distintas: “Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”.
Frente a los retos que “… enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”. Pero la realidad es distinta. En 53 meses de su gobierno han muerto 36 periodistas en todo el país. La tasa es de dos periodistas cada tres meses.
Pero el presidente habló a galope a los gobernadores e invitados especiales en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Allí destacó que “… las acciones a las que hoy nos hemos comprometido la Federación y las entidades federales nos acercarán a estos elevados propósitos”.
Y sostuvo: “Frente a la amenaza que representan los crímenes contra periodistas, los mexicanos respondemos con unión y acciones conjuntas. Lo hacemos convencidos de que el mundo comparte nuestra indignación y apoya nuestra causa. En unidad, haremos valer la justicia y la libertad de expresión como elementos esenciales de un país democrático y de una sociedad de derechos y libertades”.
Y enumeró las medidas que a nivel federal se implementarán, y que se suman a las que llevarán a cabo las entidades federativas:
PRIMERA: “Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas.
Reitero el compromiso asumido la semana pasada con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, de que “este Mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos”.
SEGUNDA: “Se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del Mecanismo Federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del Gobierno de la República”.
TERCERA: “Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas:
- Habrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.
- Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.
- Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
- Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.
- Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.
- Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En el vacío afirmó: “Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia”. Lo cierto es que de esos 36 asesinatos, ni uno solo ha sido aclarado.
Sin embargo, destacó que estas propuestas, que buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística, “… retoman iniciativas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil, a todas ellas les reconozco su labor y compromiso con esta causa”.
Enrique Peña Nieto expresó que su gobierno “… se ha distinguido por ser respetuoso de la libertad de expresión”. Pero olvidó mencionar el acoso a la periodista Carmen Aristegui lo mismo que al comediante Víctor Trujillo y al actor Héctor Suárez quienes, sin ser periodistas, ha sido duros crítico de su gobierno.
Y tentó a la suerte al reafirmar su compromiso de “… combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”.
Más adelante dijo que “… no podemos permitir como sociedad, y menos como Gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales… tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas”.
El presidente Peña Nieto pidió a los presentes guardar un minuto de silencio “… por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.
Al término del acto, el presidente mexicano expresó ante representantes de los medios de comunicación lo siguiente: “… a cada uno de ustedes, como compañeros de gremio de quienes han caído, les abrazo con mi mayor solidaridad. Les expreso mi más sentido pésame a ustedes, compañeros y amigos de gremio, y a los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida en estos lamentables hechos”.
Y rubricó: “Tengan certeza de que estos crímenes no quedarán impunes, y la labor que ellos realizaron porque la verdad siempre se conociera no será en vano, ni habrá de quedar en vano que ellos lamentablemente hayan perdido la vida”.
Antes de este acto político presidencial, en el esquema habitual de las sesiones de la CONAGO, se llevó a cabo una reunión encabezada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que se expusieron diversos planteamientos para integrar el documento final que presentó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Allí, Osorio Chong, resaltó la disposición de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para acudir a esta reunión para definir acciones urgentes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y para trabajar de manera coordinada en dar respuesta a los hechos ocurridos recientemente. Y aseguró: “… no admite esfuerzos aislados, requiere que autoridades federales y locales establezcamos medidas conjuntas e integrales. Ello es indispensable para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobre todo, para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan”.
Precisó que no obstante los esfuerzos del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “… es importante ampliar e intensificar las acciones a nivel local en total coordinación con la Federación, para que las y los periodistas puedan realizar su labor sin temor y sin ninguna restricción en cada una de las entidades federativas”.
Señaló que se establecerá una agenda común con una ruta clara y objetivos puntuales a nivel nacional, y por supuesto, actuando con la prioridad que amerita una situación como ésta en la que no hay tiempo que perder. Ésa es la exigencia que habremos de atender ante hechos que han lastimado al gremio periodístico y que nos indignan a todos como mexicanos. Ésa es la exigencia que habremos de atender en un marco de corresponsabilidad y siempre en la unidad y en la suma de esfuerzos.
Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, refrendó su compromiso de trabajar de la mano y en coordinación con las procuradurías y fiscalías estatales para abatir la impunidad. “Estamos convencidos de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr prevenir nuevos ataques y agresiones a las y los periodistas”, subrayó.
Agregó que “… tenemos que llegar a fondo en la identificación de responsables, no sólo materiales, sino a los autores intelectuales de estos delitos”. “Tenemos que agotar en todos y cada uno de los casos, la línea de investigación relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión y nunca descartar esta hipótesis hasta no tener pruebas claras, objetivas y científicas que nos permitan determinar el verdadero móvil de la agresión”.
“Igualmente tenemos que lograr una especialización efectiva en la investigación de este delito que nos permita identificar el trabajo periodístico de la víctima, analizar el contexto en el que se desenvuelven las y los periodistas, analizar los riesgos que existen en la materia y que nuestros Ministerios Públicos y policías investigadores no revictimicen a las y los comunicadores, al momento de investigar los hechos”, sostuvo.
La Constitución, dijo, establece una responsabilidad compartida entre la Federación y las autoridades de las entidades federativas para investigar y sancionar este tipo de agresiones, y enfatizó que “… como Estado mexicano tenemos la obligación de reforzar las acciones para investigar de manera coordinada, en un esquema de colaboración que permita dar resultados que exige la sociedad”.
