Ciudad de México, México, 22 de noviembre de 2017, México Ambiental.- Ante el acoso público, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que la renuncia presentada en septiembre por Carolina García Cañón, como delegada federal en Quintana Roo, no se vincula al estado procesal de ningún caso ambiental en la entidad. No se le investiga por irregularidades en su ejercicio de funciones como procuradora ambiental en esa entidad del sureste mexicano.
La Profepa aseguró que “… dicha persona solicitó separarse del cargo tras manifestar razones de interés profesional, al tiempo que ninguna dirección o área de esta dependencia federal ha emitido información alguna sobre dicho particular”.
La PROFPEA reiteró que ahora mismo los diversos procedimientos seguido a desarrolladores que carecen de autorizaciones ambientales en toda esa entidad federativa, se llevan a cabo en estricto apego a lo previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Carolina García Cañón, delegada de la Profepa desde 2015 -que relevó a Ludivina Menchaca, tras el escándalo de presuntas irregularidades en su actuación para favorecer a inversionistas de Dragon Mart, un megaproyecto comercial ya suspendido definitivamente- fue sustituida tras su renuncia por Rodolfo Vilchis Noriega.
Durante su administración en la delegación local de la Profepa, Carolina García Cañón fue acusada por favorecer al hotel Me by Melía en Cancún que pudo expandir sus instalaciones sin que presentara en tiempo y forma su respectiva manifestación de impacto ambiental. Por omisión, de la delegada, fue necesaria la intervención de la delegación regional de la Profepa de Akumal quien determinó la clausura de la obra. Sin embargo, tolerada por la delegación de la Profepa, la administración del hotel continuó con los trabajos y logró finalmente el dictamen positivo de la MIA tras cubrir una multa.
La intervención más criticada de Carolina García por los ambientalistas y la clase política de Quintana Roo, fue en la construcción del Malecón Tajamar en Cancún, cuando la delegada permitió el desmonte masivo de diferentes especies de mangle protegidas por las leyes ambientales mexicanas. La manifestación de impacto ambiental presentada por la desarrolladora de Malecón Tajamar estaba por dejar de ser vigente y aun así la delegada permitió la destrucción de esta cubierta vegetal.
Otro caso destacado en el que fue protagonista principal la ahora ex funcionaria Carolina García, fue su decisión de permitir la reactivación del desarrollo inmobiliario Ynfinity y el desmonte de un bosque de mangle, a pesar que el activismo de grupos de la sociedad civil y ciudadanos independientes fue determinante para detener el desarrollo de esta zona y de ese proyecto, con la presentación de amparos.
La Profepa a cargo entonces de Carolina García, también fue omisa en el cumplimiento de las leyes ambientales en otros casos como en las construcciones dentro del Parque Nacional Tulum, los muelles ilegales de Playa del Carmen, en la construcción de la nueva marina cerca de las Villas Juveniles del CREA y en los desarrollos en Punta Nizuc.
Ahora la Profepa dice que la renuncia de Carolina García Cañón en septiembre, fue estrictamente por un tema personal y no por una investigación debido a crímenes ambientales de desarrolladores inmobiliarios en Quintana Roo.
