Los derechos indígenas afectan a la minería. Por: Margarita Warnholtz Locht

Ciudad de México, DF, México, 9 de octubre de 2015, Animal Político.- Del 7 al 10 de octubre del presente, es decir, desde antier hasta mañana, se está llevando a cabo en Acapulco la XXXI Convención Internacional de Minería con el eslogan “Minería, Desarrollo y Responsabilidad Social”. Según la página web del evento, hay alrededor de 10 mil personas y cerca de 150 participaciones, entre conferencias técnicas, pláticas comerciales, foros y demás, destacando una conferencia magistral de Ernesto Zedillo. No faltan los torneos de golf, tenis y pesca, además de muchas actividades recreativas y sociales para las esposas de los asistentes.

Revisando rápidamente el programa, no encontré más que dos títulos relacionados con la cuestión social, la mayoría son sobre cuestiones técnicas, lo cual me parece lógico, pero entonces ¿por qué presumen en su eslogan de responsabilidad social? Lo único relacionado con el tema que aparece en el programa es una conferencia sobre la (mal llamada, por cierto) “Consulta indígena como requisito para proyectos de minería”, y otra que se titula “Procesos de relacionamiento social para la prevención de conflictos y obtención de licencia social para operar”. Me acordé de un antropólogo que trabaja para empresas mineras y similares, que un día me explicó cómo le hace para convencer a la gente de que diga que sí en las consultas, venda sus tierras baratas y crea que le van a dar buenos empleos. “Hay que hacerse amigo de ellos, que confíen en ti, luego los invitas unos mezcales y les echas el rollo de que les conviene para que te firmen”. Cuando le pregunté si de verdad les convenía, su respuesta fue algo así como “eso no importa, a mí me pagan por convencerlos”. Seguramente será alguien como él quien dé esas conferencias. Otro título que me llamó la atención fue el de “Defensa jurídica de la minería en Áreas Naturales Protegidas, el caso La Quintera, Álamos, Sonora”. No me suena a mucha responsabilidad social…

El Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña-Costa Chica por la defensa del Territorio y en Contra de la Minería y la Reserva de la Biósfera (organización guerrerense) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, manifestaron en un comunicado su rechazo a “los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el gobierno mexicano, encabezado por el Presidente de México el Sr. Enrique Peña Nieto, establezca con los empresarios mineros” en la convención mencionada. Argumentan que las empresas privadas “a través de las más devastadoras tecnologías, destruyen nuestros territorios, dejan daños irreversibles a la salud y al ambiente, promueven la división y la confrontación social y fomentan y acuerdan condiciones ideales para la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia”.

Lo anterior no es un invento, es lo que están viviendo muchas comunidades indígenas y campesinas en todo el país. Por ello, en el comunicado invitan a los empresarios mineros a visitar las zonas afectadas, tanto por la contaminación como por la violencia, y les mencionan además las leyes que han sido violadas por los proyectos mineros. Obviamente no van a aceptar la invitación, ¿salirse del torneo de golf en el hotel Princess para ir a pasearse por allá cerca de Iguala? ¡Por supuesto que no! Es mucho pedirles. Pero si de verdad tuvieran responsabilidad social, podrían invitar a algunas de las autoridades firmantes del comunicado a exponer su situación.

En lugar de eso, en su discurso inaugural (reseñado aquí) el presidente del consejo directivo nacional de la Asociación de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Manuel Reyes Cortés, se quejó de que los derechos de las comunidades indígenas, los decretos de áreas naturales protegidas y los descubrimientos y registros de sitios arqueológicos, “han complicado la titulación de concesiones mineras”. Pidió además al secretario de Economía y al de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tengan consideraciones para su gremio.

No les basta con tener el 30% del territorio nacional, quieren más y necesitan consideraciones, como la de que se declaren menos áreas naturales protegidas o poder deducir la participación de utilidades de los trabajadores de su base gravable. Es decir, más territorio disponible y menos impuestos. ¿Qué más desean? Probablemente que desaparezcan los sitios arqueológicos, que catalogarán como un montón de piedras viejas sin valor y, por supuesto, que se eliminen esos molestos derechos indígenas de la Constitución, que les impiden desplazar a las personas para obtener oro. Seguramente también estarían de acuerdo en que se reprima a esas organizaciones tan molestas para ellos, como las que emitieron el comunicado en cuestión.

Si no existieran organizaciones opositoras a la minería desmedida y no hubiera áreas naturales protegidas, podrían estos empresarios estar en posibilidades de extender más sus proyectos mineros, contaminando el agua y el aire, y convirtiendo en minas las tierras productivas, y los indígenas y campesinos que actualmente cultivan alimentos se volverían desplazados, desempleados o, en el mejor de los casos, obreros mineros. Tendríamos un país lleno de minas y minerales preciosos, más valiosos que la comida que producen los indígenas. ¿Es ése el país y el mundo que quieren dejar a sus hijos? Parece que sí. No entienden, más allá de su nula responsabilidad social, su poca preocupación por el medio ambiente y su ignorancia sobre los pueblos originarios y la importancia de sus derechos, que el oro no se come.


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