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Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos reporta daño de megaproyectos de infraestructura en México

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos reporta daño de megaproyectos de infraestructura en México

Ciudad de México, México, 26 de junio de 2017, México Ambiental.- El Grupo de Trabajo (GT) de Empresas y Derechos Humanos presentó el 8 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe de su visita oficial a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, que permitió evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y enfrentar las consecuencias negativas a los derechos humanos (DDHH) por las actividades empresariales.

 

De acuerdo a Greenpeace México, el Informe señala que las principales preocupaciones por violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el ejercicio inadecuado, tanto por gobierno como por empresas, de la debida diligencia en el diseño y ejecución de megaproyectos, que a menudo afectan a comunidades indígenas, generando daños sin que estos sean reparados de manera adecuada.

 

El GT emitió diversas recomendaciones al gobierno mexicano y empresas del sector público y privado para que garanticen la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales; se elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con la participación de múltiples interesados;  se fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales; el mejoramiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y la revisión de los obstáculos que se oponen al acceso de las víctimas a un recurso efectivo, entre otras.

 

Las empresas deben adoptar una política de DDHH y procedimientos de diligencia debida; asumir la responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos causados por sus actividades, incluso en sus cadenas de suministro; ser más transparentes y estar dispuestas a escuchar las voces críticas, buscando formas de facilitar el diálogo y la interacción con las comunidades afectadas.

 

A las organizaciones de la sociedad civil toca seguir defendiendo los derechos de las comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos, de acuerdo al informe.

 

El informe completo en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/32/Add.2



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