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El robo a Pemex financia grupos políticos y empresarios, no sólo criminales

El robo a Pemex financia grupos políticos y empresarios, no sólo criminales

Ciudad de México, México, 9 de enero de 2019, SinEmbargo. – “¿Ustedes creen que un Director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del Presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas”, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante su conferencia matutina del 28 de diciembre en Palacio Nacional.

El Presidente contestó así a una pregunta sobre si se llevaría a consulta el investigar no sólo a los ex presidentes, sino también a los ex directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) de las administraciones pasadas por el millonario robo de combustible que ascendía a 60 mil millones de pesos anuales.

Y ayer confirmó un dato más: entre los funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a Pemex en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) –“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.

Para los analistas del sector, la noticia sobre el hombre de confianza de Peña Nieto y lo que ocurría en entidades como Puebla en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del llamado morenovallismo; la Unidad de Inteligencia Financiera debe jugar un papel importante para combatir de raíz el robo de combustible a través de seguir la ruta del dinero que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

Correa-Cabrera consideró que la estrategia de combate al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno federal ya empezó a sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.

Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex y quien fue asesor de la Política Energética de López Obrador, coincidió con Correa: el Gobierno de AMLO debe investigar la ruta del dinero del saqueo a la llamada empresa productiva del Estado.

Y de nuevo Fluvio Ruiz aseguró que, si no se investiga la ruta del dinero, se dará un reacomodo “a la nueva circunstancia”.

“Como ha variado el narcotráfico desde que se llamaba contrabando. Es importante ir hasta donde se pueda y desmantelar estas redes para que no simplemente se adapten a su nuevo entorno”, dijo.

Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, consideró que el daño a Pemex y a la nación aún está por cuantificarse. El robo de hidrocarburos es tal, que López Obrador debe presentar a “caras y cuerpos concretos” de los responsables.

Guadalupe Correa precisó que en México las investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias. En el robo de combustible las autoridades mexicanas han acuñado una versión oficial: que están rebasadas por los poderosos cárteles del crimen organizado. Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, el mayor saqueo a Pemex no puede justificarse únicamente con la versión de que son sólo las bandas criminales con la ayuda de algunos funcionarios de Pemex.

En la actividad ilícita están vinculadas autoridades municipales, federales, estatales, el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps y durante la administración peñista, las fuerzas armadas, dijo.

“Si los trabajadores de Pemex aceptan y contribuyen, ¿quiénes se benefician al final de lo que se les venden a los que venden la gasolina al menudeo, ellos que están haciendo un negocio, por el otro lado también los políticos que tienen el control de las policías estatales, estoy hablando del Gobernador, porque están ahí y podrían decirle a la autoridad federal. Estamos hablando de un crimen a nivel federal y además de todas las fuerzas armadas, quienes resguardan la infraestructura estratégica, ellos deberían de saber”, argumentó Correa.

La periodista y autora de varios libros que dan cuenta del saqueo de Pemex, Ana Lilia Pérez Mendoza, dijo en entrevista que el robo de combustible es un asunto de seguridad nacional, que va más allá de un tema con tintes políticos.

En entrevista, la autora del libro El Cartel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y de Pemex Rip. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, no quiso dar nombres de los grupos políticos y partidos que están involucrados en el robo de combustible y que documentó en sus publicaciones.

“No me gustaría hablar de los tintes políticos, lo que sí te puedo decir es que en mis libros yo documenté cómo había gente de distintos partidos implicada en este tema. No me gustaría ir en ningún caso en particular porque sería como minimizar el asunto. En el libro se habla de partidos que favorecieron a partir de gente del sector que aportaba a las campañas, por ejemplo”, dijo.

 

Ana Lilia precisó que en las zonas petroleras quienes financian y aportan dinero a las campañas políticas son empresarios del sector petrolero.

La periodista aseguró que los intereses económicos involucrados en el robo de combustible no conocen de filiación política, ni ideologías.

En el saqueo a Pemex están involucrados desde personal sindicalizado de la empresa, funcionarios de alto rango, así como empresarios y gente de la política, concluyó.

Uno de los casos que sobresalieron durante los últimos años es el de Querétaro. Javier Rodríguez Borgio, un empresario queretano gasolinero, dueño de la red de casinos Big Bola, de un terreno en donde las autoridades federales incautaron pipas con combustible robado y que cuenta con una indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra de combustible robado a Pemex, financió la campaña al Senado de Francisco Domínguez Servién, hoy Gobernador de la entidad.

Durante 2018 seis estados lideraron en el número de tomas clandestinas en el país de acuerdo con la última versión publicada por Pemex que abarca datos de enero a octubre del año pasado.

Puebla ocupó el primer lugar durante todo 2018 con 1,815 tomas clandestinas; Hidalgo el segundo, 1,726; Guanajuato el tercero, 1,547; Veracruz el cuarto, 1,338; Estado de México el quinto 1, 268; Jalisco el sexto con 1, 263; y Tamaulipas el séptimo lugar con 1,084 tomas.

En total Pemex reportó 12 mil 581 tomas clandestinas en todo el país durante ese periodo de acuerdo con el sitio web de la empresa productiva del Estado. Los siete estados estaban gobernados por administraciones panistas y priistas (algunos cambiaron de partido por la elección del 1 de julio como el caso de Jalisco y Veracruz, pero el lapso medido no corresponde a la nueva gestión que inició en diciembre).

Es el caso de Puebla, que era gobernado por Antonio Gali Fayad del PAN y que lidera la ruta del huachicol, seguido de Hidalgo al mando actualmente del priista Omar Fayad Meneses.

Guanajuato, gobernado por Miguel Márquez Martínez del PAN hasta septiembre y que continuó bajo las mismas siglas con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –a quien le corresponde sólo el mes de octubre–ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas.

Miguel Ángel Yunes Linares del PAN gobernaba Veracruz durante el periodo medido, entidad que se ubica en un cuarto lugar.

Alfredo del Mazo Maza del PRI gobierna el Estado de México, la entidad que ocupa el quinto lugar, mientras que a Aristóteles Sandoval Díaz del PRI gobernaba Jalisco durante el periodo reportado.

Por último, Francisco Garza Cabeza de Vaca del PAN gobierna Tamaulipas, entidad que, de acuerdo con el reporte de Pemex, se ubica en el séptimo lugar de la ordeña a los ductos.


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