Morelia, Michoacán, México, 12 de marzo de 2019, México Ambiental. – El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en ningún momento afectará la atención y cuidado de las y los niños, porque las Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, seguirán en servicio para respaldar a madres y padres a través de una estrategia nacional, que atienda el principio de interés superior de las niñas y los niños. “No hay recorte. Hay ajuste financiero y operativo del programa para evitar la corrupción en las estancias y así elevar su eficiencia funcional en beneficio de niñas y niños”.
La diputada de Morena, Cristina Portillo Ayala, defendió así en tribuna el rediseño funcional de este programa, como una respuesta a los actos de omisión, discrecionalidad, opacidad y corrupción, en el funcionamiento del esquema, en el que se han identificado estancias que no cumplen con la normatividad y el cobro del subsidio, por niños inexistentes. Se han convertido en un verdadero sumidero de dinero del que, en el pasado, se beneficiaron empresarios y funcionarios públicos.
La legisladora razonó su voto en contra de la propuesta de punto de acuerdo del diputado panista Javier Estrada Cárdenas, para reasignar recursos de este programa a las estancias infantiles que funcionan en Michoacán, porque se sustenta en información incompleta e incorrecta.
La vice coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, aclaró que, en el ajuste a la operación de estas estancias, se dará prioridad a niñas y niños con discapacidad, indígenas o que vivan en zonas con altos índices de violencia, para lo cual el gobierno, trabaja en coordinación con las instituciones del sistema de salud, el Sistema DIF y los gobiernos locales. “No hay suspensión, ni cancelación de estancias, sino un ajuste financiero y operacional, para evitar actos de corrupción y un funcionamiento óptimo”, precisó.
Compartió que una investigación de la Auditoría Superior de la Federación a este programa, identificó irregularidades administrativas y, sobre todo, datos falsos sobre el número de niños y niñas atendidas, por lo que el presidente López Obrador decidió un ajuste presupuestal al programa, para reorientar el subsidio directamente a las familias, y así detener el desvío que se hacía desde las estancias. En el presupuesto de egresos de 2019, el programa pasó de 4,070.26 millones de pesos que ejerció en 2018, a 2,041.62 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación, como resultado de la Auditoría de Desempeño aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Portillo Ayala refirió que, entre otros hallazgos de esa investigación, se desprende que la Sedesol:
1. Debía afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319 estancias en 2017, ni justificó cumplimiento de normas.
2. No priorizó localidades con desventajas en su situación geográfica, económica y social. No se dio cobertura a la población para la fueron creadas las estancias infantiles. Se realizó la asignación de estancias con criterios arbitrarios. Se aplicaron cobros no permitidos, y se ejecutaron débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados.
3. No acreditó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.
4. Otorgó subsidios a 9 mil 399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los siete criterios, y 12 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.
5. Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, que formaliza la entrega de los subsidios. Así, 7 por ciento de las 9 mil 399 estancias que operaron y debieron suscribirlo, tuvieron acceso a los subsidios en forma irregular.
6. No acreditó que 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 (es decir, 195 mil 179 usuarios de 310 mil 968 personas que era el padrón), cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores.
7. El gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio.
8. La ASF comprobó que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos.
