Madrid, España, 25 de julio de 2018, ABC.- Al menos 207 personas fueron asesinadas el año pasado por su activa defensa de la tierra y del medio ambiente, según un informe publicado recientemente por la organización Global Witness.
«Probablemente el total global sea mucho mayor, considerando las graves limitaciones que existen a la hora de recabar este tipo de datos», se lamentan. «El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas que se utilizan para silenciar a quienes defienden sus hogares de las malas prácticas derivadas de una agricultura a gran escala, la minería, la caza ilegal y la deforestación que se dan en ciertos lugares del mundo», explican los autores, refiriéndose a las amenazas de muerte, los arrestos, la intimidación, los ciberataques, la agresión sexual y las demandas judiciales, en concreto.
El informe « ¿A qué precio?» recoge, por ejemplo, el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, quien «recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad»; o los ataques protagonizados parte de dueños de fincas en Brasil, quienes «usando machetes y rifles dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela», (a algunos de ellos les cortaron las manos).
«Los gobiernos, las empresas y los inversionistas tienen el deber y el poder de apoyar y proteger a las defensoras y defensores en situación de riesgo, y de garantizar la rendición de cuentas cuando ocurran los ataques», señala Ben Leather, encargado de Campañas de Global Witness. La organización vincula en su análisis a las fuerzas de seguridad de distintos gobiernos con 53 de los homicidios de actvistas medioambientales documentados el año pasado, así como a actores no estatales, como las bandas criminales, con 90 asesinatos.
Otros puntos clave que destacan los autores son:
Brasil registró la mayor cantidad de asesinatos de activistas medioambientales que cualquier otro país en la historia: 57 homicidios en 2017.
48 personas fueron asesinadas en Filipinas en 2017: el número más alto jamás documentado en un país asiático.
El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos.
Por primera vez, la agroindustria fue el sector más «sangriento», con, al menos, 46 asesinatos vinculados a ella. Los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, y 23 asesinatos se asociaron a la tala.
En 2017, por último, también se alcanzó un nuevo récord: 23 personas fueron asesinadas por combatir el comercio ilegal de vida silvestre (en su mayoría fueron agentes de parques nacionales africanos).
